Hoy se cumplen 18 años de la llamada “Tragedia de Las Tejerías”

28-S de 1993: 

el día que una bola
de fuego calcinó 

50 vidas en la ARC

Fernán Hernández fue uno de los primero reporteros gráficos en llegar la mañana del 28 de septiembre de 1993 al km57 de la ARC. Sus imágenes le dieron la vuelta al mundo.

Daniel Murolo
Diario La Región
Martes 28 de septiembre 1993. 7:45 am. Más de 50 personas mueren carbonizadas y medio centenar lesionadas con graves quemaduras tras ser sorprendidas por una inmensa bola de fuego que, provocada segundos antes por una explosión, irrumpió de forma voraz y devastadora en la autopista de mayor tráfico del centro del país.

Fernán Hernández fue el primer reportero gráfico en captar en imágenes la mayor tragedia de la historia registrada en la Autopista Regional del Centro. El hecho ocurrió en el kilómetro 57 y convirtió en cuestión de segundos una zona de montaña baja, en un infierno donde las llamas llegaron a alcanzar casi los 50 metros de altura.

 “El calor era tan intenso que las suelas de mis zapatos se derretían”, recuerda el periodista, “la enorme llamarada de fuego se podía observar desde varios kilómetros de distancia, era algo subreal”.

La llamada “Tragedia de Las Tejerías”, que llenó de luto a Venezuela, ocurrió a las 7:45 am, hora de mayor tráfico en dirección a la ciudad de Caracas, “esa es la razón por la que tantas personas murieron” justo en los limites entre los estado Aragua y Miranda.

Las imágenes captadas por Hernández muestran, entre otros detalles, el autobús carbonizado en el que falleció la mayoría de las víctimas, entre las que se recuerda una conocida modelo de la ciudad de La Victoria, así como un efectivo policial y varios niños.

El hecho ocurrió cuando una excavadora de la empresa española Abengoa, que hacía trabajos para la instalación de un cable de fibra óptica en un lateral de la autopista, perforó un gasoducto de la sociedad Corpoven, filial de la estatal Petróleos de Venezuela. El gasoducto se encontraba, al parecer, a un metro de profundidad y por él circulaba gas licuado de alta peligrosidad.

La explosión, con una onda expansiva de 200 metros, fue inmediata. Muchos cuerpos fueron encontrados a varias decenas de metros del epicentro de la explosión. “Salieron expulsados como balas, cayendo sobre los techos de casas cercanas”, recuerda. Años después, a unos 5 kilómetros del lugar fue encontrada una osamenta a orillas de la ARC, las autoridades aseguraron, tras realizar varios análisis, que se trataba de una de las víctimas.

Al cumplirse hoy 18 años del hecho, Hernández asegura que lo vivido aquella mañana marcó su vida para siempre, “no sólo me tocó ser testigo presencial de un suceso tan dantesco, sino captar aquellas imágenes de desolación para la historia, ese es el verdadero trabajo de un reportero gráfico”.

Responsabilidad
La falta de respuesta por parte del Estado venezolano llevó a los familiares de las víctimas a crear la fundación 28 de Septiembre, la cual emprendió una demanda en Estados Unidos contra la AT&T, empresa norteamericana de telecomunicaciones que contrató a Abengoa para colocar el cable de fibra óptica telefónica. Esta demanda no tuvo lugar una vez que la corte de Georgia en Estados Unidos remitiera el caso nuevamente a Venezuela por ser netamente nacional.

Una vez conocida la decisión, el 27 de octubre del 2003 la fundación 28 de Septiembre introdujo una demanda ante el juzgado 3° de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil bajo la tutela de la juez Lisbeth Segovia.

Para ese momento se conocen dos culpables que fueron señalados y sentenciados el 14 de mayo de 2004 por la Sala Penal del TSJ y decide condenar a 12 años de prisión a Henry Prada y Reyes Camache, operarios de Abengoa, por "homicidio intencional a título de dolo eventual".

Un año mas tarde, el 11 de mayo de 2005, la Sala Constitucional del TSJ revocó la sentencia penal, mediante recurso de revisión, dejando en libertad a las dos personas acusadas por tal hecho.

Para el 6 de junio de 2006, la Sala Político Administrativa condena a Abengoa a pagar Bs. 86 millones de bolívares a Corpoven por daños físicos y morales, siendo el único beneficiado hasta el momento.

"El juez Mario Popoli inició de oficio el proceso Penal dictando 25 autos de detención, los cuales fueron revocados por la juez suplente Ligia Uzcátegui quién fue asistida en Nueva Esparta por el ex-magistrado Román Duque Corredor hermano de Luis Enrique Duque Corredor, para entonces Gerente de Corpoven, hoy Pdvsa" refirieron los voceros.

Los familiares de las víctimas todavía confían en que se hará justicia, a fin de que termine el viacrusis en el que ya llevan 18 años.